El Ministerio de la Producción (Produce) está decidido a pararles la mano a las empresas depredadoras del recurso pesquero . Y de hecho, al publicar ayer el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac), empieza a dar pasos concretos hacia ese objetivo.¿Cuáles son los principales cambios que plantea esta disposición? En principio se eliminan los recursos de reconsideración, que dilatan los procesos judiciales y evitan la aplicación de sanciones a las empresas infractoras. Adicionalmente, el Produce podrá aplicar medidas cautelares administrativas. Con esta herramienta, no contemplada en la ley vigente hasta ayer, estará en condiciones de decomisar el recurso capturado ilegalmente y suspender hasta en 30 días o cancelar en forma definitiva el permiso de pesca en casos de reincidencia.Con esta ampliación de facultades, el ministro Rafael Rey busca ser más disuasivo, pues al tener sanciones más severas que podrían generarle serias pérdidas económicas (solo existen 30 días de pesca al año), los malos empresarios pesqueros se verían obligados a cumplir la ley. ¿Qué sucede actualmente?Los infractores pueden vender el recurso obtenido ilegalmente sin mayores inconvenientes, y con la intervención de algunos malos jueces reciben como sanción penas blandas (en muchos casos no superan las 20 o 30 UIT, cuyo valor es 3.450 soles cada una), que en la práctica los alienta a seguir cometiendo nuevos delitos pesqueros.Pero estos no son los únicos cambios del Produce. Para los casos más "graves", como procesar jurel y caballa en la elaboración de harina de pescado, las multas pasan de 30 a 50 UIT.En tanto, para las infracciones más recurrentes, como pescar dentro de las cinco millas y suplantar la identidad de una embarcación para pescar ilegalmente, las multas se elevan ligeramente (en el mayor de los casos no excede de 1 UIT). Pero esto se explica porque la principal medida radica en la suspensión de los días efectivos de pesca, dependiendo de la gravedad de la infracción. "Lo que hemos intentado son básicamente dos cosas: corregir la actual dispersión de normas pesqueras y buscar ser lo más disuasivos posibles, manteniendo una racionalidad entre la magnitud de la falta y la sanción, que es lo que faltaba ajustar", precisó el viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda.Para Francisco Miranda, presidente del Consejo Directivo de la ONG Oannes, con estos cambios el Ejecutivo demuestra que existe verdadera voluntad política para preservar el recurso y evitar que se cometan más delitos. "Los cambios consideran sanciones para la pesca altamente depredatoria que se realiza a escasos metros del mar. Ello no solo refleja cambios positivos, sino también la intención de escuchar, que es lo que se necesitó por años en este ministerio", acota.Sin embargo, el representante legal de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros, Juan Carlos Durand, toma con pinzas los cambios. Opina que el Produce se estaría reafirmando en su posición de establecer ilegalmente sanciones de manera anticipada, encubriendo esta acción en las medidas cautelares. "Si el ministerio insiste en ser incoherente y no respetar el debido proceso, acudiremos a la Corte Interamericana, porque no se puede sancionar hasta que concluya el proceso", acotó.
EN PUNTOS
-Las modificaciones también consideran algunos cambios a la Ley General de Pesca
.-No se podrá trasladar la propiedad de una embarcación si no se ha cumplido con el pago de todas las multas pendientes.
-La Sociedad Nacional de Pesquería señaló que prefiere hacer una evaluación más profunda de las disposiciones antes de emitir un pronunciamiento.
-Los cambios entrarán en vigencia en quince días
El Comercio 07-08-2007
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